En Cañete Magistrados que defienden el libre acceso a las playas, serían víctimas del CNM, por estorbar a empresas contratistas
A través de una fuente anónima y documentada, se ha denunciado periodísticamente que al Consejo Nacional de la Magistratura pues estaría parcializado en el caso de magistrados a quienes no ha ratificado en sus cargos a pesar de tener hojas de servicio que demuestran su integridad.
Según el informe, algunas de las decisiones irregulares en que se ha incurrido, se deben a presiones políticas para proteger a magistrados, como los resonados casos del juez superior de Lima, Vega Vega ratificado en el cargo pese a estar probada sus relaciones con el partido aprista; del fiscal Manuel Torres, a quien la ex Fiscal de la Nación denunció por cobrar cupo a un trabajador; o el caso del fiscal superior Retamozo Roca quien desaprobó su examen de ratificación, pero fue nombrado por tener como cuñado a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Todo ello, los periodistas del diario La Primera lo informaron en octubre del 2009.
La presión además provendría de poderosos grupos de capitales nacionales y extranjeros, quienes alarmados por la coyuntura social que se han desatado proyectos que dañan el medio ambiente, limitan el acceso al agua e impiden el ingreso a zonas públicas, como por ejemplo ciertas playas, vendrían acudiendo al Consejo Nacional de la Magistratura para que intervengan en la ratificación de aquellos magistrados que representen un obstáculo y les seleccionarían a aquellos que se adecúen y se ajusten a estos intereses.
En Cañete ya vienen ocurriendo casos de esta naturaleza, toda vez que una importate empresa de capital chileno hace unos años denunció a unos jueces de esta provincia por haber confirmado el libre acceso a las playas, derecho que asiste a todos los peruanos. Se trataría de la empresa HV CONTRATISTAS S.A. La misma que según denuncias de pobladores, es dueña y señora de la Playa Chepeconde, donde está instalado el Club Mar Adentro. Y que desde sus instalación no solo ha impedido un derecho elemental de la población, sino que hace uso de mecanismos de amedrentamiento, reprensión y discriminación en la zona.
Casos similares se vienen presentando en Cajamarca, Arequipa e Ica según indicó la fuente.
En este tema, una importante reflexión debe desprenderse y extraerse de nuestro trabajo periodístico, cuando los dardos que se lanzan a la supuesta corrupción, terminan haciéndonos blanco de empresas que utilizan denuncias de la prensa local para fundar su propia inmoralidad, y mucho más grave es aún, sí estas tuvieran el aval y apoyo del CNM, para perjudicar a nuestra población, con magistrados dispuestos a ponerse al servicio de quienes trasgreden nuestros derechos como lo hacen desde hace tantos años las poderosas empresas que se han adueñado de las playas de nuestra costa.
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